Importancia de la intelectualidad platense en la realización de la revolución americana.
Por Joaquín Loayza Valda
quinchoskanki@hotmail.com
Como todas las revoluciones, la revolución en Charcas precisó de la concurrencia de dos factores imprescindibles para su realización: primero, aquellos relacionados con las condiciones materiales para la existencia del hombre y la sociedad y, segundo, los que se refieren al desarrollo de la conciencia del hombre sobre sí mismo, acerca de la sociedad y con la naturaleza. Los primeros tienen que ver con el estado de desarrollo o atraso de las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas, es decir: la riqueza de las naciones, los procesos productivos, el intercambio comercial interno y externo, la capacidad de consumo de la sociedad, la división social del trabajo, la satisfacción de las necesidades vitales de la población, etcétera, etcétera. Los segundos, en cambio, están relacionados con el estado de desarrollo o atraso del concepto que el hombre posee acerca de sí, de su misión respecto a la naturaleza, de su ubicación en la sociedad, de la justicia, de la igualdad, la paz, la democracia, el bien común, etcétera, etcétera, pero, ante todo, respecto de la libertad civil como fundamento de su existencia como individuo dentro de la sociedad organizada como entidad política, es decir, como Estado.
Estos factores, empero, no suelen ordinariamente concurrir a un mismo tiempo en la concreción de un acto revolucionario, corresponde a los factores materiales anticiparse a los factores subjetivos o de conciencia. Esto explica por qué, a pesar que una sociedad se encuentre sometida a las condiciones de atraso más evidentes de unas determinadas relaciones sociales de producción, incluso bajo formas de gobierno tiránicas o excepcionales, la posibilidad de un cambio revolucionario sea incierta o imposible sin la concurrencia real de una vanguardia social y de una dirección política que, bajo la orientación de un programa ideológico y político y sobre bases concretas de organización política y, en su caso, también militar, conduzca a la sociedad hacia formas de organización económica y política superiores capaces de alcanzar, así sea temporalmente, el bien común.
Uno de los temas trascendentales de toda revolución, como la acaecida en Charcas en 1809, tiene que ver entonces con la formación de una vanguardia política capaz, entre otras cosas, de elaborar una concepción ideológica de la realidad económica y social imperante, de trasuntarla en un programa de realizaciones políticas y de concretarla a través de un modo preciso de organización revolucionaria. Estas tareas, que en la actualidad se realizan a través de los partidos políticos y, subsidiariamente, por medio de los órganos de presión social, como los sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil; fueron realizadas en los años de la administración del Estado monárquico, en las postrimerías del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, por las logias secretas, las sociedades patrióticas y las entidades académicas, como la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca en el caso de la revolución en Charcas.
Por todo lo afirmado, para comprender con precisión la influencia que ejerció la Universidad de San Francisco Xavier en la realización de la revolución en Charcas y su contribución a la revolución americana, por una parte, y a la revolución burguesa universal, por otra, corresponde analizar el hecho insurreccional de Mayo de 1809 desde tres puntos de apreciación: primero, respecto a la importancia histórica, económica, política y social de la revolución americana; segundo, considerando la realidad de las relaciones sociales de producción vigentes en Charcas y, tercero, a partir de la comprensión de la formación de la conciencia política que posibilitó la insurrección popular, la guerra de liberación y la creación del Estado nacional.
Importancia histórica, económica, política y social de la revolución americana.
Es fundamental destacar que la revolución en Charcas sólo puede explicarse en el contexto histórico, económico, político y social de la revolución que posibilitó la independencia de los Estados americanos que formaron parte de la administración colonial de la monarquía española, tanto porque fue en la ciudad de La Plata, hoy Sucre, capital de la Audiencia de Charcas, donde se inició el proceso revolucionario americano el 25 de Mayo de 1809, cuanto porque comparte de manera expresa sus objetivos y realizaciones y porque a su culminación se concretó el acto final de la revolución americana: la constitución del Estado nacional boliviano como república independiente y democrática el 6 de agosto de 1825.
Acerca de la revolución americana debe subrayarse su doble naturaleza conceptual: universal y particular a un mismo tiempo, sobre la base de una resolución dialéctica que le permitió integrar a la sociedad iberoamericana al destino histórico del capital, en su proceso de desarrollo comercial, industrial y financiero; y, asimismo, alcanzar estas realizaciones universales con soberanía e identidad nacional y cultural. Por esto, la revolución americana no pudo ser sino parte fundamental de la revolución burguesa universal, la consecuencia y el sustento de la libertad civil y la concreción plena del Estado nacional, democrático y republicano. Corresponde aquí hacer hincapié en la circunstancia que el propósito dominante de organización política de la sociedad americana, salvando algunas excepciones, como las experiencias monárquico-constitucionales en Haití, México y Brasil; se orientaron necesariamente hacia la organización de la sociedad en Estados republicanos, unitarios o federados, pero, siempre democráticos. Por otra parte, en la realización de la revolución americana, como una consecuencia del espíritu esencial de la revolución burguesa, prevaleció el principio de la libertad civil materializada en el ejercicio de la ciudadanía y, por tanto, en la sublimación del individuo como Estado, con todos sus derechos y sus obligaciones y con sus reivindicaciones encaminadas hacia el bien común sustentado en el desarrollo tecnológico, el comercio mundial y la integración cultural, es decir, en la construcción del Estado como realización ética del individuo.
Lo expresado precedentemente nos permite inferir que el sujeto histórico de la revolución americana no fue otro que la burguesía establecida como una vanguardia social capaz de constituir una dirección política del proceso revolucionario y, por lo mismo, de sentar su hegemonía en la nueva sociedad dividida también en clases. Esto nos conduce a concluir que la influencia de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca no se precisó únicamente sobre los acontecimientos históricos de la noche del 25 de Mayo de 1809, sino, la impronta histórica de la academia platense, como la de otras instituciones académicas de la América Hispana, se reveló en un episodio de carácter continental, constitutivo de una revolución de dimensiones universales, que posibilitó que toda la sociedad iberoamericana hiciera suyo el programa ideológico, político y organizativo pergeñado por intelectuales, comerciantes, propietarios e industriales burgueses y se movilizara en idéntico sentido histórico que la revolución norteamericana y la revolución francesa.
Sin embargo, como ya se tiene afirmado, la revolución americana debe comprenderse también en su dimensión particular, es decir, como la realización específica de los objetivos, las concreciones y las proyecciones de la revolución universal burguesa en América.
Acerca de este asunto debe anotarse que la revolución americana se inició, desarrolló y culminó como un movimiento de liberación nacional orientado a subvertir el orden social y económico sostenido por la administración colonial de la monarquía española. Su propósito no fue otro que establecer las condiciones políticas, económicas y jurídicas que posibilitaran el pleno ejercicio de las libertades civiles y los derechos y obligaciones de ciudadanía para la burguesía criolla y mestiza. A este respecto, es importante señalar que el establecimiento de la burguesía en América se remonta al momento inicial de la conquista, cuando la monarquía española transplantó desde Europa el modo de acumulación originaria de capital y generó gradualmente las condiciones jurídicas y políticas para el desarrollo pleno del capital. El comienzo de aquel transplante lo constituyen las capitulaciones de descubrimiento, conquista y poblamiento suscritas entre la corona española y emprendimientos particulares que se obligaban a realizar cualquiera de los actos antes expresados a cambio de una concesión traducida en ventajas económicas y políticas. La consecuencia de la realización de estos actos jurídicos fue la instauración del régimen de encomiendas que, como se conoce, fue limitado primero y extinguido después por las leyes nuevas. El descubrimiento de importantes recursos naturales en diversos puntos geográficos del continente y la consiguiente organización de la producción, circulación, cambio y consumo de los bienes producidos propició el surgimiento de una burguesía relacionada con el comercio interno y externo, la industria, principalmente la minera; el préstamo de dinero, generalmente proveniente del cobro de la contribución indigenal; y la agricultura. Esta burguesía, en el lapso comprendido entre la conquista y la insurgencia revolucionaria de 1809, se desarrollo gradualmente en tres sentidos: primero, alcanzó un incuestionable poder económico; segundo, evolucionó desde su condición de emigrante hacia el criollaje y el mestizaje, es decir, fue cada vez más americana y menos española; y, finalmente, alcanzó importantes niveles de influencia política: en los cabildos eclesiástico y secular, en las academias universitarias, en los foros profesionales, en la judicatura, en la milicia, etcétera, hasta el límite en el que la administración colonial constreñía su pleno ejercicio de la libertad civil, entonces, incapacitada legalmente para su acceso a las funciones de alta responsabilidad política no tuvo otra alternativa que insurreccionarse como vanguardia de un movimiento que incluía a vastos sectores de la clase media y el campesinado indígena.
Desde luego que el rol de la universidad en la formación de esta burguesía fue de primer orden, no sólo porque en sus aulas se educaron los intelectuales que desarrollaron, promovieron y defendieron su programa ideológico y político, sino, por su contribución a la creación de una conciencia de identidad nacional y cultural en la sociedad americana. En efecto, correspondió a las academias universitarias contribuir a la transformación de la conciencia primigenia de la sociedad americana, aquella conciencia sincrética establecida entre el conocimiento indígena, sus paradigmas filosóficos, científicos y culturales con el conocimiento y los valores culturales que trasladaron los conquistadores españoles a estas tierras, arrancándolos de la conciencia, también sincrética, de sus tradiciones católicas, musulmanas y judías. Este proceso, como se conoce, sólo fue posible a través del conocimiento, estudio, apropiación y difusión de la escolástica aristotélica, renovada y adecuada por la Iglesia Católica a sus propósitos ecuménicos, que llegó a América a través de sus universidades expresando las doctrinas del tomismo suarístico y finalmente, en las postrimerías del periodo colonial de nuestra historia, a través de la ilustración. El resultado de este proceso no fue otro que la transformación del modo comunal y comunitario de percibir la realidad social y económica hacia la sublimación del individuo, a través de la libertad civil, como Estado nacional, republicano y democrático.
Las relaciones sociales de producción vigentes en Charcas.
Toda revolución, para ser verdadera, no tiene otra alternativa que concebirse, desarrollarse y concretarse en la realidad económica y social y, para que esto sea posible, debe plantearse como objetivo supremo a alcanzar: la transformación de las relaciones sociales de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas sobre la base del logro del bien común. Todo acto insurreccional que transite en sentido contrario o no posea la capacidad de lograr aquellos objetivos no puede reputarse una revolución verdadera.
Cuando se produjo la revolución en Charcas el orden económico y social que la administración colonial española estableció en el territorio de Charcas se encontraba culminando un grave proceso de deterioro y declinación. Para comprender esta afirmación es importante conocer, así sea a través de una somera revisión, el modo cómo se estableció y desarrolló este sistema económico y social.
El punto de partida no fue otro que la transferencia formal y expresa de la soberanía que el inca ejercía sobre todas las relaciones sociales de producción a favor de la monarquía española, enseguida, sobre la base de la asimilación de algunas instituciones indígenas y otras provenientes del derecho castellano, se definió el régimen de posesión y propiedad de la tierra, el dominio sobre los recursos naturales, el sistema de recaudación de tributos, tasas y otras imposiciones, las regulaciones laborales, la jurisdicción y competencia de los tribunales y las normas destinadas a la administración central y local y, finalmente, se sentaron las bases para la producción industrial de los minerales de plata, especialmente en Potosí. La explotación de la plata potosina fue un sustento económico imprescindible para el sostenimiento de la administración colonial española, no sólo por toda la riqueza que transfirió a la monarquía española y al continente europeo todo, entre los siglos XVI y XVIII, sino, porque sobre sus excedentes productivos se estableció un mercado interno, de dimensiones continentales, que posibilitó la existencia de diversas regiones especializadas en los bienes que la industria de la plata precisaba para su desarrollo. En efecto, en cuanto los colonizadores españoles tuvieron bajo su dominio los yacimientos mineros organizaron un complejo sistema de explotación, producción, circulación, cambio y consumo con dos destinos: primero, el mercado europeo, para cuya concreción el mineral era transportado desde los yacimientos mineros a través de los puertos del Pacífico hacia España y desde allí hacia otros mercados de Europa, principalmente Alemania, Holanda e Inglaterra; y, segundo, el mercado interno de un vasto sistema regional que integraba al territorio de la Audiencia de Charcas el sur del Perú, el norte chileno y el norte de la Argentina.
Las consecuencias de este proceso productivo y comercial pueden resumirse en las siguientes: primera, su concurrencia al mercado mundial posibilitó, entre otros aspectos y aunque no fue su única causa, la realización de la Revolución Industrial; segunda, la estructuración del mercado interno propició la especialización regional del trabajo relacionado con el comercio, la industria, la artesanía, la agricultura, la ganadería, etcétera, etcétera; tercera, estableció las condiciones para la innovación tecnológica, especialmente con relación a la minería y, cuarta, promovió la división social del trabajo, conforme a las condiciones de evolución del mercantilismo hacia el capital y de acuerdo al desarrollo desigual de las fuerzas productivas, con la presencia de una burguesía, principalmente minera, comercial y agrícola; una clase media constituida por pequeños propietarios agrícolas, industriales, empleados de la administración colonial, artesanos e intelectuales, aunque una inmensa cantidad de estos provenían de las familias más importantes y acaudaladas de la Audiencia.
La base de esta estructura social estaba conformada por el campesinado indígena, cuyas relaciones económicas, sociales y políticas se regían por una normatividad especial del derecho indiano que, entre otros aspectos, regulaba su trabajo obligatorio en la mita minera, en los obrajes, en la propiedad agrícola o en las tierras de comunidad y los obligaba al pago de una contribución establecida en razón de su procedencia étnica. Los campesinos indígenas no fueron trabajadores libres, sin embargo, es importante señalar que ya en el siglo XVIII aparecieron en los centros de producción minera, especialmente en Potosí, los mitayos de faltriquera, quienes por diversas razones, principalmente de orden económico, radicaban permanentemente en las minas, supliendo las plazas faltantes de mitayos o cubriendo una demanda efectiva de fuerza laboral, trabajando, en condiciones de trabajadores libres, a cambio de un salario.
Para finalizar, debe señalarse que a la cabeza de esta pirámide social se encontraban los máximos representantes de la administración colonial de la Audiencia de Charcas, todos, salvando excepciones, de origen peninsular y algunos de ellos integrantes de la nobleza española.
Toda esta estructura de producción minera, capaz de contribuir de manera decisiva a la realización de la Revolución Industrial y de propiciar un vasto mercado interno de producción, circulación, cambio y consumo de bienes no pudo ser posible sin la existencia de una mercancía que, siendo gratuita o escasamente retribuida, posea además la capacidad de reproducirse una y otra vez en una infinidad de realizaciones de intercambio generando riqueza. Esta mercancía no fue otra que el trabajo indígena. La apropiación del trabajo indígena para la generación de capitales para el desarrollo minero, el comercio y el sostenimiento del sistema de administración colonial se verificó, entre otros medios, a través de la mita minera y la contribución indigenal.
La mita fue un sistema de trabajo obligatorio, que los españoles asimilaron de los incas, que consistía en la prestación de mano de obra minera, aunque se aplicaba también a otras obras públicas, a cambio de un salario semanal de dos reales. Para su ejecución, algunas parcialidades indígenas, generalmente del altiplano, estaban obligadas a enviar a las minas de plata, especialmente a Potosí, una cantidad de indígenas en edad de trabajar, entre los dieciocho y cincuenta años, para realizar el referido servicio por el lapso de un año, ejecutando las faenas mineras durante una de cada tres semanas. Esta forma de trabajo, que fue objeto de controversias acerca de su vigencia, reforma o abolición fue curiosamente abolida tres veces: por las Cortes españolas reunidas en Cádiz en noviembre de 1812, por el general Manuel Belgrano en 1813 y por el general Simón Bolívar en 1825.
La contribución indigenal, asimilada también de las imposiciones que los naturales debían a sus autoridades, los incas entre ellos, fue establecida por la administración colonial a través de la Ley I; Título V; Libro VI de la Recopilación de las leyes de los reinos de las indias y constreñía a los indígenas al pago, generalmente en especie, de una cantidad de su producción, dos veces al año, como expresión de su obediencia y vasallaje al rey español. Debe aclararse que esta no era la única contribución que los indígenas cancelaban al erario colonial, estaban obligados también a la cancelación del diezmo a la iglesia, conforme lo prescribía la Ley IX; Título XVI; Libro I de la citada recopilación. Asimismo, debe aclararse también que esta política tributaria, durante la segunda mitad del siglo XVIII, fue reglamentada por la Real ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes del ejército y provincia en el Virreinato de Buenos Aires, sin ninguna modificación esencial y continuó haciéndose efectiva durante la república, con muy escasas modificaciones, hasta el siglo XX inclusive. La recaudación de la contribución indigenal se realizaba por el Estado a través de los alcaldes ordinarios en las ciudades y los subdelegados para los pueblos de indios, quienes delegaban a su vez esta función a los gobernadores y a los alcaldes de los naturales. Del total recaudado un noventa y seis por ciento se destinaba a subvenir los gastos de la administración colonial y el restante cuatro por ciento se reconocía a los cobradores de la contribución indigenal. Corresponde destacar aquí lo siguiente: primero, que por la concurrencia de los cobradores al mercado de bienes de consumo el tributo en especie se transformaba en dinero y, segundo, que el quantum asignado a los cobradores generalmente era invertido en el comercio, en la venta de dinero a cambio de intereses y a la adquisición de propiedades agrarias para su renta, lo que implicaba la transformación de los valores de uso en valores de cambio, o sea, la apropiación del trabajo indígena generaba, por la actividad de los cobradores de la contribución en el mercado, las condiciones que hacen posible la existencia del capital.
Sin embargo, como toda obra humana, al concluir el siglo XVIII y comenzar el siglo XIX este sistema de producción sustentado en la producción de la plata, en la apropiación del trabajo indígena, capaz de contribuir al desarrollo de la economía mundial, que posibilitó la construcción de un gigantesco mercado interno fundado en el establecimiento de un sistema regional de producción agrícola, industrial y comercial devino, por efecto de las innovaciones tecnológicas propiciadas por la Revolución Industrial, el descubrimiento de nuevos yacimientos de plata en otros lugares del planeta, el descenso del precio de la plata, el incremento de los costos de la producción minera sustentada en la mita, etcétera; en un estado de crisis y agotamiento que pronto degeneró en el desorden social, en las rebeliones indígenas, las sublevaciones mestizas y, finalmente, cuando la crisis alcanzó los límites de la realización política la sociedad no encontró otro camino que la revolución, una revolución que aspiraba la ejecución de las reivindicaciones y objetivos de una de las elaboraciones más importantes del sistema de producción colonial: la burguesía criolla y mestiza.
La formación de la conciencia política en Charcas.
Toda revolución es un proceso que puede extenderse por un tiempo más o menos prolongado dependiendo de la oportunidad razonada para la coincidencia entre las condiciones emergentes de los hechos de la realidad económica y social y los actos políticos de una vanguardia social constituida en dirección revolucionaria. De esta afirmación se infiere que el punto de inflexión de toda revolución se encuentra en la organización de aquella dirección revolucionaria y, lo que es más complicado, la formación de una conciencia política capaz de comprender aquella realidad para su transformación. La revolución burguesa, debido a las limitaciones que la monarquía imponía al ejercicio de la libertad civil y, de suyo, a la formación de una opinión pública democrática, realizó estas dos tareas recurriendo a los modos clandestinos de organización y a su influencia en los centros universitarios de formación académica. La revolución en Charcas se desarrolló en este mismo sentido y, desde luego, la entidad académica convocada a contribuir en la realización de estas tareas fue la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca.
La Universidad de Chuquisaca fue organizada por la Compañía de Jesús, el 27 de marzo de 1624, para formar a la juventud charqueña sobre la base de los principios de la filosofía aristotélica y los fundamentos católicos que configuran la doctrina de Santo Tomás, que establece a la razón como fundamento del pensamiento para alcanzar la revelación y la gracia divina y donde la libertad consiste en la capacidad de decidir sobre la base del conocimiento. Como se sabe, a esta concepción del individuo, de la sociedad y la naturaleza los jesuitas le agregaron un componente ideológico, emergente de la situación histórica que entonces conmovía al mundo occidental, marcada por la reforma protestante y la contrarreforma católica, que define al tomismo jesuítico como una respuesta al protestantismo luterano y, al mismo tiempo, como una propuesta de solución de las inquietudes religiosas, culturales y políticas de la época. De ahí la audacia de las doctrinas de los padres Juan de Mariana, Luis de Molina y Francisco Suárez, que exigían la necesidad que los reyes se sometieran a las leyes y afirmaban que el regicidio era legítimo cuando merecía la aprobación del pueblo y los hombres eminentes de la sociedad. En el ámbito científico de este sistema de pensamiento, que si bien no expresaba abiertas pretensiones revolucionarias, pero, tampoco resignaba el ejercicio de la libertad civil a los estrechos límites en los que la constreñía el orden monárquico, se educó la intelectualidad de Charcas por el lapso de ciento cuarenta y tres años, hasta 1767, cuando Carlos III expulsó a los padres de la Compañía de Jesús.
Al finalizar el siglo XVIII, cuando se hizo patente el agotamiento y declinación del sistema económico y social desarrollado por la administración colonial y cuando sus instituciones comenzaban a expresar muestras de descomposición, las ideas de la ilustración burguesa se abrieron paso en el ambiente intelectual y en los círculos sociales más próximos a éste.
El antecedente del que se tiene evidencia escrita como la primera presencia de la ilustración en Charcas está relacionado con el pensamiento y la obra de Victoriano de Villava, quien desde España llegó a la ciudad de La Plata, el año 1790, para ocupar las funciones de Fiscal de la Real Audiencia y al que correspondió difundir las inquietudes intelectuales de los espíritus ilustrados de la metrópoli. Villava, que fue un crítico decidido de la mita minera en Potosí y se lo recuerda como un defensor de los derechos de los indígenas, dejó sobre este asunto un escrito titulado: Discurso sobre la mita de Potosí. Sostuvo una polémica al respecto con el gobernador intendente de Potosí, Francisco de Paula Sanz, el que a través de una publicación con el título: Contestación, defendió a los mineros y a la mita indicando que esta era un servicio de utilidad pública y que el indio estaba obligado a servirla por el bien del Estado y por su propio bien. El año 1797, siguiendo el rumbo de los ilustrados españoles Villava escribió un segundo libro: Apuntes para la reforma de España, que circuló manuscrito, donde proponía la elección popular de los órganos encargados de promulgar leyes, crear impuestos y vigilar su inversión, donde señalaba que debían derogarse las atribuciones virreinales y se encargara la administración de las colonias a las audiencias, las que debían estar constituidas por criollos y españoles.
Además de los escritos de Villava, de suyo, fundamentales por haberse redactado en el territorio de Charcas y para referirse a temas de inmediata relación con los problemas charqueños, la juventud universitaria también conoció los postulados de la ilustración a través de sus exponentes españoles y franceses. De los primeros fueron conocidos Jerónimo de Uztáriz, Bernardo Ward, Pedro Rodríguez, conde de Campomanes, y Gaspar Melchor de Jovellanos. De los segundos se sabe que fueron divulgados los trabajos de Rousseau, Raynal y Filangieri. Por los ilustrados españoles la intelectualidad de Charcas se informó de preocupaciones tales como el estado de decadencia de la monarquía española y la necesidad de su restauración, acerca del temor fundado en la pérdida de las colonias en América por causa de la revolución y respecto a la importancia de la libertad civil y la democracia para restablecer la grandeza de España y América como una sola entidad política, económica y cultural. Los franceses, en cambio, les transmitieron el fuego filosófico de la revolución, la necesidad de componer un sistema económico y jurídico conforme a sus tradiciones culturales y nacionales y, sobre todo, les enseñaron que la revolución no debía detenerse en las playas de la monarquía parlamentaria, sino, navegar en las aguas del Estado nacional, democrático y republicano.
Bajo la premisa de estas ideas se formaron en la Universidad de San Francisco Xavier los hombres de la revolución en Charcas y otras regiones de Sudamérica: Mariano Moreno y Juan José Castelli, militantes de primera línea en la revolución argentina; Bernardo Monteagudo, ideólogo y combatiente revolucionario en Charcas, Argentina, Chile y Perú; Manuel Rodríguez de Quiroga, protagonista de la independencia del Ecuador; Mariano Alejo Álvarez, precursor de la revolución peruana y Jaime de Zudáñez, líder incuestionable en Charcas, redactor de las constituciones de Chile, Argentina y Uruguay y primer Presidente de la Corte Suprema de Justicia de este último país.
Para precisar el grado de influencia filosófica que los universitarios de Charcas recibieron de la ilustración y el modo cómo ellos transmitieron sus preceptos a la sociedad para posibilitar la revolución, corresponde analizar someramente el pensamiento escrito legado por dos de ellos.
Monteagudo es el autor de uno de los escritos doctrinales más importantes realizados en Chuquisaca: Diálogo entre Atahuallpa y Fernando VII en los Campos Elíseos, que apareció y circuló manuscrito en los años inmediatamente precedentes a la revolución de mayo de 1809, en una época de severo agotamiento de todo el sistema colonial, agravado por las dos invasiones inglesas a Buenos Aires, por la invasión francesa a España y todos los sucesos que se desencadenaron a consecuencia de aquella, creando un ambiente de inquietud y sobresaltos en toda la sociedad americana. En el Diálogo, Monteagudo aborda el tema del derecho que el pueblo español poseía para derrocar al gobierno impuesto por Napoleón Bonaparte faltando al principio del pacto social e invocaba el derecho que ostentaban los pueblos de América para derrocar al gobierno español que, por el modo como administraba sus intereses en suelo americano, faltaba también al mismo principio. El argumento del Diálogo se desarrolla en los Campos Elíseos, entre el Rey depuesto por Bonaparte, muerto según se cría esos días, y el último inca, Atahuallpa, asesinado por los conquistadores españoles tres siglos antes. Fernando VII se encontraba consternado por el modo y por la forma como los ejércitos napoleónicos habían destruido la institucionalidad monárquica española. Atahuallpa, conmovido, le explica que él también había sufrido igual pena y su imperio había corrido semejante suerte en los años de la conquista. El Rey trata de justificar la acción de la conquista indicando que no podía compararse con la invasión francesa al territorio de España. El Inca entonces refuta con todos los argumentos del monarca español, para señalar, a través de la pluma de un Monteagudo profundamente influido por los planteamientos filosóficos de Juan Jacobo Rousseau que: “El espíritu de la libertad ha nacido con el hombre. Este, libre, por naturaleza, ha sido señor de si mismo desde que vio la luz del mundo. Sus fuerzas y derechos en cuanto a ella han sido siempre imprescriptibles, nunca terminables ni perecederos. Si obligado a vivir en sociedad ha hecho el terrible sacrificio de renunciar al derecho de disponer de sus acciones y sujetarse a los preceptos y estatutos de un monarca, no ha perdido el de reclamar su primitivo estado o de mirar en su dependencia el móvil de su desgracia”. El Diálogo no fue la única obra escrita por Bernardo Monteagudo, se sabe que en el curso de su activa vida política escribió mucho más. Sin embargo, este documento es lo más relevante de todo cuanto pudo haber elaborado, en virtud a que en él convocaba abiertamente al pueblo a la insurrección, en un momento cuando las masas aún dormían el sueño de la incomprensión de sus propios objetivos históricos.
Después de la revolución de mayo de 1809 Zudáñez fue conducido preso a la fortaleza del Callao, en el Perú, de donde pudo salir, en 1811, para establecerse en Santiago de Chile, ciudad en la que escribió su Catecismo político cristiano, participó en la redacción del Reglamento provisorio de Chile y escribió un Manifiesto del gobierno de Chile a las naciones de América. Su Catecismo político cristiano, sin desmerecer toda su producción intelectual es, sin duda, la mejor expresión de la influencia filosófica de la ilustración recibida por Zudáñez en la Universidad de Charcas. En el Catecismo señalaba que la Junta Suprema de España, organizada a consecuencia de la invasión francesa, no tenía ninguna jurisdicción en América, por tanto, correspondía a las naciones americanas el derecho a organizar sus propias juntas, del modo como había procedido Buenos Aires. Inspirado en el Contrato social de Rousseau escribía: “El pueblo, que ha conferido a los reyes el poder de mandar, puede, como todo poder, revocar sus poderes y nombrar otros guardianes que mejor correspondan a la felicidad común”. Por lo señalado, quedaba claro que la única fuente soberana de poder era el pueblo. Finalmente, con el estilo que mejor expresaba a los revolucionarios de Chuquisaca, convocaba a los chilenos a formar su gobierno en nombre del rey Fernando VII, para concluir: “Dejad lo demás al tiempo”.
Sin embargo, como el desarrollo de la revolución no podía verificarse únicamente en la conciencia política de la que pretendía ser su dirección y ni siquiera en la exclusividad de su vanguardia social, sino, debía ser asumida por el conjunto de la población, pronto se comprendió la necesidad de la existencia de un programa de realizaciones políticas, el que, como en todas las revoluciones triunfantes, fue elaborado como un homenaje a la sencillez y a la eficiencia. Se reivindicó, en primer lugar, la vigencia plena de la libertad civil, que equivalía a la independencia respecto de la monarquía de España, y, en segundo lugar, la construcción del Estado nacional, que correspondía a erigir una sociedad democrática donde ejercer los derechos y deberes ciudadanos, o sea: la Patria. Acerca de estos principios hacen plena prueba dos trascendentales documentos: La proclama de la ciudad de La Plata a los valerosos habitantes de la ciudad de La Paz, escrito el mismo año de la revolución, 1809, y el Acta de la independencia de Bolivia, suscrita el año 1825.
Los acontecimientos revolucionarios.
La evidencia histórica del estado de agotamiento del sistema económico y social establecido por la administración colonial de la monarquía española se hizo patente, económica, social y políticamente, con la realización de dos acontecimientos que no pueden ignorarse porque actúan como antecedentes de la revolución en Charcas: las sublevaciones indígenas de 1780-1782 y la insurrección mestiza de La Plata en julio de 1785. Sin embargo, a pesar de su importancia, estos acontecimientos no alcanzaron a desarrollar una influencia revolucionaria nacional ni universal debido, entre otras razones, a que por sus contenidos políticos y económicos estos movimientos no lograron la capacidad de convocar ni reunir a toda las clases sociales interesadas en la constitución de una nación independiente en los términos y condiciones históricas de la revolución burguesa. Los dos movimientos insurreccionales fueron dramáticamente reprimidos y sofocados, a “ruegos y cañonazos”, para dar paso a un estado de pacificación impuesto como prolegómeno al epílogo de la administración colonial española en América.
Más de un cuarto de siglo se prolongó el estado de pacificación establecido después de las sublevaciones indígenas y la revuelta mestiza. No fue, sin embargo, un simple retorno al ejercicio del orden establecido, sino, un periodo de asimilación y gestación de nuevas ideas, de definición de un programa republicano de liberación nacional y de establecimiento de un esquema orgánico con capacidad de dirección política y social. Los doctores y los universitarios de la ciudad de La Plata, que habían alcanzado una conciencia de la naturaleza, la sociedad y el Estado según los conceptos y axiomas del tomismo jesuítico, que razonaban según las normas de la dialéctica aristotélica y que conocían el principio que otorgaba a los pueblos el derecho al regicidio cuando el príncipe faltaba a su deber de gobernar en beneficio del pueblo, se constituyeron en el elemento intelectual capaz de recibir, aprehender y difundir los fundamentos filosóficos y políticos de la ilustración, de los reformadores españoles del siglo XVIII, de los pensadores ilustrados de la enciclopedia francesa y de todo el idealismo contenido en la realización de las revoluciones burguesas en Norteamericana y Francia.
Existe un universal convencimiento acerca de la existencia de una vanguardia consciente, un núcleo reducido de personas que habían alcanzado la suficiente capacidad ideológica, política y orgánica para constituirse en dirección del proceso revolucionario. Sin embargo, la conciencia colectiva de los habitantes de la ciudad de La Plata, especialmente de las clases dominadas, no era lo suficientemente madura como para comprenderlas y asumir, a partir de ellas, decisiones de dimensiones históricas. Como todas las revoluciones, la revolución de Chuquisaca precisó de un acontecimiento marginal, pero, lo suficientemente comprensible para predisponer la movilización de las masas. Este acontecimiento fue la invasión francesa a España que, entre otros efectos, produjo la abdicación de Fernando VII, el cautiverio de la familia real en Bayona, la guerra de resistencia popular contra el ejército napoleónico y la organización de la junta de Sevilla, cuyo propósito no era otro que llenar el vacío de conducción política que se había producido en España. Sin embargo, si algún asunto tuvo la capacidad de movilizar al pueblo llano hacia la revolución fueron las pretensiones de la corte lusitana de suplantar la autoridad de los Borbones españoles en los territorios de los Virreinatos del Río de La Plata y del Perú, con la complicidad de algunas autoridades coloniales, entre ellas, Ramón García Pizarro, presidente de la Real Audiencia de Charcas.
Para la vanguardia consciente radicada en la ciudad de La Plata la abdicación de Fernando VII, incluso su posible fallecimiento, suponía la disolución del pacto social que se había establecido entre la monarquía española y los habitantes de sus colonias en América y, en tal entendimiento, el derecho que les asistía de dotarse del gobierno que soberanamente les convenía. Para el pueblo llano este mismo asunto, las pretensiones lusitanas y la complicidad de algunas de las autoridades coloniales implicaba proceder a la defensa de la majestad del Rey de España. Las dos posiciones coincidían en el punto que para renovar el pacto social o defender el trono de Fernando VII era imprescindible derrocar a la autoridad colonial que gobernaba en Charcas.
Los hechos concretos de la revolución se suscitaron primero entre los oidores de la Audiencia y el presidente del supremo tribunal, Ramón García Pizarro. Los primeros, de consuno con los doctores, universitarios y otros criollos que creían conculcados sus derechos por la administración colonial, emprendieron la organización de una conjura abiertamente subversiva que debía concretarse con la solicitud de renuncia del mando político y militar del Presidente para que el tribunal se hiciera cargo de aquellas responsabilidades hasta que el supremo gobierno dispusiera lo que legalmente correspondiera. García Pizarro, informado de los propósitos acordados por los oidores asumió dos decisiones: primera, solicitó refuerzos militares al gobernador intendente de Potosí, Francisco de Paula Sanz, y, segunda, dispuso la aprehensión de todos los oidores y los abogados Manuel y Jaime de Zudáñez. La orden de detención impartida por el Presidente, empero, lejos de conjurar los peligros que acechaban la seguridad de su persona y la integridad del régimen colonial se constituyó en la causa propiciatoria del primer grito de independencia de América, la noche del jueves 25 de mayo de 1809.
En efecto, la detención del doctor Jaime de Zudáñez, la única persona contra la cual pudo concretarse la orden presidencial, inició el estado de conmoción social, el pueblo ganó las calles al conocer que había sido reducido a prisión y se reunió una muchedumbre en la puerta de la residencia del tribunal exigiendo a gritos, rechiflas y pedradas su liberación. A solicitud del arzobispo de La Plata, Benito María Moxó y Francoli, quien había sido obligado por la masa a interceder a favor del detenido, y por la creciente agitación popular que amenazaba descontrolarse Zudáñez fue liberado. El Presidente posibilitó su liberación en el convencimiento que ella aplacaría la ira popular, vano intento, los agitadores revolucionarios y el pueblo movilizado con el rumor que el presidente y sus aliados favorecía el proyecto de entregar los Virreinatos del Perú y del Río de La Plata a la corte lusitana arreciaron la insurrección convocando, a través del toque a rebato de las campanas de la Catedral y del templo de San Francisco, a defender los derechos del rey Fernando VII. Alcanzado este grado de insurrección popular los oidores, reunidos en la casa del decano José de la Iglesia, demandaron al presidente García Pizarro la entrega de los cañones y los fusiles de la Audiencia con el objeto de evitar un posible derramamiento de sangre, con el expreso señalamiento que serían custodiados en el Ayuntamiento. El Presidente aceptó, pero, cuando se entregaban nueve cañones sin sus cureñas la turba pretendió ingresar al palacio para sacar los fusiles, hecho que obligó a los guardias a repelerlos con disparos de fusil causando la muerte de tres personas. Este suceso incrementó la furia del pueblo insurreccionado y, aplicando un plan de acción acertadamente concebido, corrió la multitud a liberar a los presos que se encontraban recluidos en la cárcel del Ayuntamiento y a procurarse pólvora y munición para los cañones. Debido a la defensa que desde los balcones del palacio de la Audiencia realizaban los guardias, la artillería fue instalada en una de las esquinas de la plaza conocida como la Rumi Cruz, desde donde los disparos, consideradas la distancia, ángulo de dirección y penumbra de la noche; no causaban daño considerable a la solidez del edificio. En este preciso momento del desarrollo de los acontecimientos los oidores solicitaron la renuncia del presidente Ramón García Pizarro quien, considerando el origen real de su autoridad, se negó a concederla. Los oidores intentaron nuevamente pero recibieron idéntica respuesta. Presentada la solicitud por tercera vez, a las tres de la madrugada del 26 de mayo de 1809, en la certidumbre que se encontraba solo en su palacio, con la mayor parte de su guardia desertada y cuando la multitud había derribado con dos disparos de cañón la puerta secundaria del palacio, el Presidente renunció a su potestad política y militar en manos del tribunal. El 27 de mayo Pizarro fue reducido a prisión en el edificio de la Universidad de San Francisco Xavier.
La Audiencia Gobernadora estuvo en funciones durante siete meses. En ese lapso confirió el mando militar al comandante Pedro Antonio Álvarez de Arenales, organizó un cuerpo de milicias para velar la seguridad interna y externa de la ciudad de La Plata, envió emisarios a las ciudades del Virreinato informando acerca del propósito de los sucesos políticos y el modo cómo se habían producido y, desde luego, cumplió con las responsabilidades jurisdiccionales y administrativas que le correspondían. Como todas las revoluciones, la de Chuquisaca vivió aquel periodo con la incertidumbre de desarrollarse o perecer, en ese cabildeo que implicaba la confrontación tácita entre los espíritus conciliadores y los que pretendían una acción más radical y, aunque el movimiento logró evidenciar su vigor revolucionario a través de los sucesos del 16 de julio en La Paz, esta primera etapa concluyó el 22 de diciembre de 1809 con la llegada del brigadier Vicente Nieto para ejercer, por nombramiento del Virrey de Buenos Aires, las funciones de Presidente de la Audiencia de La Plata. La nueva autoridad restableció plenamente la administración colonial en la ciudad de La Plata y, a través de una política que combinaba la prudencia con el ejercicio pleno de su autoridad, encarceló a los principales dirigentes de la insurrección y hacia febrero de 1810 salieron exiliados al Perú los oidores Ussoz y Mozi y Vásquez Vallesteros, el fiscal López Andreu, el comandante Pedro Antonio Álvarez de Arenales y el doctor Jaime de Zudáñez, entre otros.
La insurrección de la ciudad de La Plata, hoy Sucre, acaecida el 25 de mayo de 1809, es el inicio de la revolución americana y de la guerra de liberación nacional que se extendió por quince años en todo el continente. La presencia inconfundible de la burguesía americana, con su ideología, con su programa de acción política y de organización revolucionaria; de manera tan consistente en un acontecimiento ampliamente registrado a través de fuentes primarias y secundarias que se conservan en archivos y bibliotecas de América y Europa confirma ese extremo. Sin embargo, no debe olvidarse que el privilegio que posee la ciudad de Sucre de conservar en la memoria de la humanidad el derecho de denominarse “Cuna de la Libertad Americana” lo comparte, con la más alta hidalguía, con su universidad, la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca.
Sucre, 4 de marzo de 2009.
